Cristina Fernández vetó la Ley de Protección de Glaciares

Por: Gonzalo Sánchez (Critica Digital).

El sentido final de la ley 26.418, sancionada por legisladores de ambas cámaras el 22 de octubre pasado, era proteger todos los glaciares de la Argentina. Pero ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó el decreto 1837/ 2008, que veta la norma y deja a las masas de hielo de todo el territorio –verdaderos reservorios de agua dulce, oro, cobre y otros tesoros– sin un marco jurídico que las preserve.

La publicación de la medida en el Boletín Oficial caldeó los ánimos de los legisladores que votaron por unanimidad a favor del proyecto –y que ahora se autoconvocaron para discutir qué hacer– enfureció a los ambientalistas locales y provocó satisfacción entre operadores políticos y lobbistas del sector minero, claramente, la industria más perjudicada por la ley ahora vetada. En su artículo sexto, la norma prohibía las actividades que pudieran afectar la condición natural de los glaciares y que implicaran su destrucción o traslado. Sin vueltas, vedaba la exploración y explotación minera o petrolífera.

Pero en el Gobierno escucharon los reparos de la Secretaría de Minería de la Nación, cuyo titular, el ingeniero Jorge Mayoral fue denunciado por poseer acciones en empresas del mismo sector que regula, y avanzaron con la anulación. En su decreto, la Presidenta dice que de acuerdo con lo expresado por ese organismo “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades”.

El caso testigo es el del emprendimiento minero Pascua Lama, el yacimiento a cielo abierto más grande del mundo, operado por la poderosa multinacional Barrick Gold, en la frontera entre Chile y San Juan. Una fuente inobjetable de la industria explicó a Crítica de la Argentina lo que hay detrás de la movida presidencial. “Detrás del veto está el gobierno sanjuanino. Es muy concreto: la norma impedía cualquier tipo de operación por encima de un glaciar y Pascua Lama necesita detonar y trasladar de un lado a otro los glaciares que está explotando en San Juan. Es lógico: no se iban a perder el negocio minero más grande de Sudamérica, una fortuna de tres mil millones de dólares”.

La ley, que ahora debe volver al Congreso, además de prohibir trabajos sobre la superficie helada, se proponía en sus artículos 3º, 4º y 5º realizar un inventario de cada uno de los glaciares del país, desde Ushuaia a La Quiaca, para poder fotografiarlos y controlarlos por satélite. Pero en otro de los fundamentos del veto, el Gobierno dijo: “Como bien ha señalado Cancillería, la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentra en las adyacencias del límite internacional con la República de Chile, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso”.

Pero eso también es extraño: en primer lugar, porque Chile sí lo hizo. El Laboratorio de Glaciología del gobierno de Michelle Bachelet inventarió hasta 2007 cerca de 1.835 glaciares repartidos en una superficie de 15,489.8 km2. “Es como no querer saber cuántas ollas tenés en tu casa. Dicen que eso perjudica la demarcación limítrofe con Chile, pero es un absurdo porque Chile contó sus glaciares y porque ya no hay conflicto con Chile”, dice el profesor Norberto Ovando, vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales y experto de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Mundial para la Naturaleza. El hombre concluyó: “El agua vale más que el oro y sobre los glaciares pende la amenaza de un daño irremediable de llevarse a cabo los proyectos mineros. La remoción y manejo de los glaciares provoca espanto hasta en el mundo científico. Y el objetivo de esta ley, en el fondo, era proteger el agua. Por eso, todo lo que ocurre es lamentable”.