miércoles, 25 de junio de 2008

¿Quién y para qué se apropia la renta agraria diferencial? (Parte I)

Por: Fernando Martín Pereyra (Moreno - Rosario).
Publicado en Socialismo Latinoamericano (Izquierda Nacional).

Hay un ciclo económico que el país debe respetar, que es la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. El Estado debe, pues, encadenar estas cuatro operaciones. Este encadenamiento implica que debe darse al problema del agro una solución nacional. (Juan Perón. Discurso ante representantes de la FAA, marzo 29 de 1947)

Sin lugar a dudas, las retenciones impuestas por este gobierno no representan una “solución nacional al problema del agro”. Pero tampoco lo representa el reclamo del “campo”, que si bien en él participan pequeños y medianos productores que producen para el mercado interno y que son las verdaderas víctimas de la ausencia de esa “solución nacional”, el conflicto es conducido por lo grandes terratenientes y los productores pequeños burgueses de la Pampa Húmeda que producen para el mercado externo. Y para estos el problema pasa por no querer permitir que el gobierno les “meta la mano en el bolsillo” y les arrebate parte de lo que considera únicamente como fruto de su propio esfuerzo, sin tener en cuenta la fabulosa renta agraria diferencial[1] que les da superutilidades, la que no es producto de su “esfuerzo” sino de las excepcionales condiciones de clima y suelo de nuestra zona pampeana y de los altos precios internacionales que han alcanzado los alimentos.

Pero para pensar en una “solución nacional al problema del agro”, primero hay que conocer el problema. Y tratando de no caer en reduccionismos, podemos afirmar que el problema agrario está en quién se apropia esa renta diferencial y para qué. En la disputa actual entre el gobierno y los sectores agrarios, unos dicen que el gobierno les arrebata la mayor parte de las ganancias y aquel asegura que con las retenciones se apropia de parte de las ganancias de quienes más ganan en la producción agropecuaria. Y lo cierto es que ni el gobierno se queda con la mayor parte de la renta, ni los grandes beneficiarios del modelo agroexportador son los que hacen el mayor esfuerzo impositivo.

Y en esta disputa quienes sí son los verdaderos beneficiarios de las superganancias que se cosechan en los últimos años, han quedado ajenos. Estas son las siete empresas (Cargill, Bunge, Dreyfus, Nidera, Noble Argentina, ADM Argentina –extranjeras- y Aceitera General Deheza –propiedad del senador Urquía) que controla el 80 % del negocio de la exportación de granos. Este oligopolio, que maneja nuestro mercado externo, se apropia de la mayor parte de la renta agraria diferencial no sólo como intermediario entre país productor y países consumidores, sino también haciendo recaer el peso de las retenciones sobre los productores, mediante maniobras fraudulentas que el gobierno conoce y permite[2].

Esto se ve agravado por la fabulosa concentración de tierras que se ha producido en nuestro país en los últimos años.[3] En el año 2001, el Censo Agropecuario indica que “los 936 terratenientes más poderoso tienen 35.515.000 hectáreas” y que “137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000”. Del Censo se puede observar que “de las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios” (como los Anchorena con 40.000 hectáreas y los Gómez Alzaga con 60 mil). Y más: “casi 17 millones de nuestras mejores tierras están en manos de capitales extranjeros”, como por ejemplo las 900 mil hectáreas de Benetton y las 200 mil que Douglas Thompkins adquirió en los Esteros del Iberá de Corrientes. El mantenimiento y la profundización del proceso de concentración de tierras al que han contribuido los diferentes gobiernos que se han sucedido desde el ‘55, han llevado a que en el 2001 6 mil terratenientes sean propietarios de casi el 50 % de las tierras productivas. Y estos datos, extraídos del Censo Agropecuario 2001, puede que no sean correctos porque por razones impositivas los terratenientes tendieron a dividir las tierras, poniendo unidades territoriales a nombre de distintas sociedades, teniendo como resultado que la concentración de tierras sea aún mayor.

Estos grandes propietarios arriendan sus propiedades apropiándose del 40 y el 50 % de lo cosechado. Es decir que por el sólo hecho de tener un título de propiedad son, junto a las exportadoras, los grandes beneficiarios de nuestra producción agropecuaria.

Y por si esto no era suficiente para expropiar al pueblo argentino de sus riquezas, en los últimos años aparecieron los pooles de siembra. Estos son empresas que arriendan decenas de miles de hectáreas contratando a productores que no pueden adquirir campos o se encuentran en desventaja frente a los pooles para el arriendo. He aquí, al igual que los terratenientes y las exportadoras, otro de los grandes beneficiarios del modelo agropecuario actual.

Estos tres actores, en su desmedido afán de riqueza, nos han hecho perder nuestra autonomía alimenticia llevándonos al monocultivo de la soja, convirtiéndonos en un país sojero. Pero esto no sería lo peor si la fabulosa renta agraria diferencial producto de nuestras condiciones climáticas favorables y el alto precio que el producto ha alcanzado internacionalmente, o al menos una buena parte de ella, sirviera para capitalizar al país. Pero lamentablemente no es así; y no es así porque no controlamos nuestro comercio exterior ni nuestro ahorro interno, porque nuestros productores están sujetos al humor de los terratenientes y los pooles de siembra y porque las exportadoras como únicas compradoras de nuestra producción fijan los precios de compra y venta, estafan al fisco haciendo recaer las retenciones en los productores y controlan el transporte y el almacenamiento, realizando un extraordinario negocio con la riqueza nacional.

Ante este panorama desolador, un punto más o un punto menos en las retenciones no permitirán la redistribución de la riqueza, como asegura el gobierno. Ni hará más pobre al productor de la pampa húmeda. El 30 ó el 40 % de retenciones no eliminará el elemento perturbador en el ciclo de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo del que hablaba Perón. Y ese elemento perturbador de nuestra economía es el puñado de empresas trasnacionales, aliada a la oligarquía terrateniente y a la gran burguesía agraria de los pooles, que controlan nuestro comercio internacional expropiando nuestras riquezas sin permitirnos aprovechar la favorable coyuntura internacional que se nos presenta para capitalizar el país y dejar de ser un apéndice colonial productor de materias primas.

Si este gobierno realmente hablara a favor de las mayorías, si realmente le interesaría la redistribución de la riqueza, no sostendría una lucha inocua por apropiarse de las migajas del banquete sojero a costa no de los que más ganan, sino del último eslabón de la cadena que es el mediano y pequeño productor que con gran esfuerzo trabajo nuestra tierra (ni que hablar del trabajador rural superexplotado y ninguneado, otro ausente en la disputa). Si realmente se persiguiera la apropiación de parte de la renta agraria diferencial para el bien del conjunto del pueblo argentino, el gobierno debería nacionalizar nuestro comercio exterior y controlar la producción de nuestros alimentos, asegurando el abastecimiento interno e impidiendo la fuga de las divisas generadas por el campo y el trabajo argentinos; nacionalizar la banca para poder controlar nuestro ahorro interno y evitar que se fuguen nuestras divisas, direccionándolas hacía una política de proyecciones nacionales, en busca de la justa distribución de las riquezas; recuperar las empresas privatizadas y el control de las energías no renovables; recuperar y reestructurar los servicios de transporte y flete, en el marco de una geopolítica federal y progresista…

Pero claro, sabemos que este gobierno está muy lejos de eso. Pero hubo en nuestra historia un gobierno que sí lo hizo, que se animó a desafiar al imperialismo, a planificar un país para todos, a construir el ciclo económico de la producción, la industrialización, la comercialización y el consumo. Un gobierno sabedor de que para que “sea para todos la cobija o para todos el invierno” ese ciclo debía ser controlado por el Estado. Pero no por cualquier Estado, sino por uno soberano, cimentado en la justicia social y la libertad económica y, fundamentalmente, con el pueblo en la calle para defenderlo de sus enemigos.

Ese Estado creó una herramienta para controlar ese ciclo económico: el IAPI, o Instituto Argentino de Promoción e Intercambio.


[1] Para su profundización ver Alonso Héctor, Oligarquía, renta diferencial y socialismo en Argentina, en http://www.izquierdanacional.org

[2] Denuncia efectuada por MARIO CAFIERO y RICARDO MONNER SANS ante la Justicia Federal contra exportadores de granos Causa Nº 4713/2008 caratulada “NN s/defraudación de seguros” Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 8, Secretaría 15, Comodoro Py 2002, 4º piso

[3] Los datos estadísticos que se mencionan a continuación fueron tomados de Corriente Nacional y Popular de Trabajadores de Prensa, El boom sojero: ¿panacea nacional o nueva forma del saqueo?, Rosario, Julio de 2004. Las citas le pertenecen.

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