![MORENO [Regional Rosario] Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora.](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4jgGHzWbpPoBxeQNZz0s8z64wQU2peVNLvNDk481te9GhBguN3C0PACN-oBASpplQEFyF_OIl-fRuN9VVvfOhtJinMgDcdSRhcTi3U5M8iFjrxX7yhUuSAXP9Na_yDmn2a8xnlq_vXEU/s730/banner+moreno.jpg)
Por: Observatorio Petrolero Sur.
Posición del OPSur ante el proyecto de ley de Soberanía Hidrocarburífera
Posición del OPSur ante el proyecto de ley de Soberanía Hidrocarburífera
- Foto: OPSur
La tan esperada medida de avance
efectivo del Estado sobre el petróleo y el gas es hoy en día una
realidad. No se ven mayores inconvenientes a una aprobación directa en
el Congreso Nacional.
La recuperación en el control y gestión
del petróleo y el gas por parte del Estado nacional ha sido bandera y
objetivo político de numerosas organizaciones, de las cuales somos
parte. Sin embargo, no creemos que la medida apunte a la raíz de la
situación y pueda ser tomada como punto de inflexión en la superación
del marco regulatorio neoliberal, por lo menos hasta este momento. A su
vez, el debate público –donde primó un punto de vista económico en
desmedro de abordajes ambientales y sociales- se ha centrado únicamente
en el por qué y el cómo. El para qué de la medida, según el proyecto de
ley, apunta a alcanzar el autoabastecimiento energético y el equilibrio
de la balanza comercial. Sin embargo no se llega a dilucidar el día
después con mayor profundidad, los únicos indicios son el explícito
interés sobre los cuestionados yacimientos no convencionales. La
formación Vaca Muerta -que se ubica principalmente en territorio de la
provincia de Neuquén- es la que más intereses despierta -aunque también
existen otras cuencas en el país-; el escenario futuro, podría ser de
profundo riesgo ambiental y social para gran parte del país, como lo
demuestra la experiencia internacional.
Que el árbol no nos tape el bosque
Si bien celebramos la medida creemos que
debe ser el puntapié inicial y no el cierre del debate energético, que
se ha circunscripto a un abordaje económico. Consideramos que aún hay
mucha tela para cortar.
Todavía no ha habido un pronunciamiento
sobre los pasos a seguir respecto al marco regulatorio neoliberal que
actualmente rige el sector, principalmente los decretos de la era
menemista 1.055/89, 1.212/89 y 1.589/89. La vigencia de la desregulación
y la libre disponibilidad del recurso lo definen como un commodity y no
como un bien estratégico, más allá del supuesto cambio de paradigma que
significaría la expropiación de las acciones de YPF, expuesto en la
fundamentación del proyecto.
Asimismo, no se ha planteado el aumento
de las regalías para todo el sector, en la Argentina los gravámenes son
de los más bajos a nivel mundial y en clara disonancia con el camino
emprendido en los últimos años por otros países de región. El aumento de
las regalías sería una forma genuina de capturar parte de la renta
petrolera de todo el sector, no únicamente de una empresa -que hoy
detenta menos de un tercio de la extracción total de petróleo y gas.
La implementación de un plan de
transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente
sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la
renta hidrocarburífera, tiene que ser parte del debate. No debería
encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control
de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como
condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e
integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y
ambientales, debería aunarnos en un debate. Esto no solamente mejoraría
considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que
también apuntalaría qué país nos gustaría construir para nuestra
generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de
soberanía energética.
Contradicciones: extracción para exportar y autoabastecerse
Dos de los puntos más destacables de la
medida son la declaración de interés público del sector y sus diversas
etapas, como lo expresa el artículo 1 del proyecto enviado al Congreso
por el Poder Ejecutivo, y la creación del Concejo Federal de
Hidrocarburos. Ambas darían mayores herramientas al Ejecutivo nacional,
sumando la parcial expropiación, para un control más férreo del sector.
Consideramos que tanto en el proyecto como en los debates posteriores,
la primera plana del gobierno nacional se ha auto exculpado de cualquier
responsabilidad que le quepa en los casi 9 años que lleva al frente de
la Casa Rosada. Asimismo, ha corrido del eje la responsabilidad que
tendrían que asumir los gobernantes provinciales, quienes muchas veces
han actuado como representantes de las trasnacionales para lograr el
mantenimiento y el incremento de los beneficios empresariales. En este
sentido, la incorporación del grupo Eskenazi dentro de YPF no es
mencionada por parte de los funcionarios nacionales, ni en el proyecto
ni en los debates públicos. El rol y función que juegan los empresarios
locales, en alianza con las trasnacionales, es olvidado en la definición
de soberanía hidrocarburífera que propone el kirchnerismo. Este craso
error, y en virtud del potencial escenario de alianza con el sector
privado para acceder a los futuros niveles de inversión requeridos, no
puede ser dejado de lado. Desde este espacio no esperamos que se
‘rasguen las vestiduras’, sino que subrayamos que el diagnostico oficial
no repara en la necesidad de un cambio estructural del sector en ningún
momento.
En esta línea, las palabras de la
presidenta Cristina Fernández son claras en el sentido de que esta
medida no es una ‘estatización’. La invariabilidad del status jurídico
de la empresa, que continuará siendo una sociedad anónima, refuerza la
idea de que su comportamiento no distará de la lógica de sus pares. El
nuevo rumbo que se imprimirá en YPF y en todo el sector, de acuerdo al
proyecto, apuntaría por un lado al autoabastecimiento (que revierta la
tendencia deficitaria en la balanza energética y comercial) pero
también, y paradojalmente, a la generación de saldos exportables. En
otro de los puntos del proyecto se sostiene que la extracción
hidrocarburífera “racional” apuntará a contribuir al modelo de
acumulación imperante como prioridad, estimulando la competitividad de
la economía en su conjunto.
La insustentabilidad como eje
¿De qué forma será posible que Argentina
pueda autoabastecerse, garantizar el recurso a las generaciones
venideras y, al mismo tiempo, exportar? La tendencia declinante de las
reservas hidrocarburíferas no solamente son motivo del saqueo rampante
del subsuelo emprendido por las trasnacionales, sino también un signo de
que las cuencas tradicionales del país han llegado al llamado ‘peak
oil’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil
acceso). ¿Cómo paliar esta situación? Desde despachos empresariales y
públicos la resolución a este dilema es la extracción de hidrocarburos
de yacimientos no convencionales.
Argentina es la tercera reserva mundial
de gas según un informe de la consultora Advanced Resources
International Inc. -contratada por el Departamento de Energía de EEUU-,
repiten sin cesar los funcionarios gubernamentales. Omiten, sin embargo,
que un estudio oficial del gobierno de Polonia redujo a un tercio las
cifras que la misma consultora atribuía a ese país –presentado ante la
opinión pública como el ‘paraíso de los yacimientos no convencionales’
de Europa. O incluso EEUU, donde las reservas declaradas por las
empresas empiezan a ser cuestionadas por estar ‘infladas’.
Tampoco los impactos ambientales y
sociales que ha significado el desarrollo de este tipo de explotación en
EE.UU. son tenidos en cuenta a la hora de proponer su implementación.
La prohibición que pesa sobre estas técnicas de producción en Francia y
Bulgaria o las moratorias que impusieron algunos estados de EE.UU.,
Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña, entre otros,
tampoco se mencionan.
La industrialización masiva de áreas
rurales, la afección de economías regionales, el uso indiscriminado de
agua, la pérdida de soberanía alimentaria por parte de agricultores, la
contaminación comprobada (por la Agencia de Protección Ambiental –EPA-
de EEUU) sobre tierra y agua y el indudable impacto sobre la salud de
los habitantes serían datos menores para el discurso económico
desplegado en los últimos días.
Sin embargo, el ministro de
Planificación Federal y ahora interventor de YPF, Julio De Vido, ha
dicho que Repsol deberá pagar por los pasivos ambientales. El gobernador
de Santa Cruz, Daniel Peralta, ha sido el precursor en este sentido y
anunció que demandará a Repsol por el pasivo ambiental que dejó la
operación de la compañía en territorio provincial. Pero, una vez más, la
preocupación ambiental es una variable de negociación en donde lo que
no se pone en tela de juicio es al sector en su conjunto, sino que se
cuantifica la naturaleza como si fuera una mera mercancía. En el marco
de la crisis ecológica global, que tiene entre sus principales razones
la quema de hidrocarburos, el país pospone necesarios debates sobre una
de transición energética y una verdadera sustentabilidad.
Nos preguntamos si el aumento de
participación en el sector por parte del Estado nacional redundará en
una adecuación de la industria a los derechos de los pobladores locales.
Vasta información documenta las recurrentes violaciones de derechos
humanos por empresas privadas, especialmente sobre campesinos y pueblos
indígenas. En este sentido, nos alerta y preocupa la benevolente mención
-en los fundamentos del proyecto de ley- de la prioridad que tiene en
México la extracción de hidrocarburos por sobre cualquier otra forma de
ocupación y uso de la tierra. ¿Hasta dónde estarán dispuestos el Estado
nacional y los provinciales a avanzar con la frontera hidrocarburífera?
¿En qué medida se garantizará un ambiente sano para las generaciones
presentes y futuras de continuar profundizando la matriz
hidrocarburífera?
Buenos Aires, 19 de abril de 2012.
